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Parapolitica, Narcos y extraditados
La historia es conocida, pero no está demás recordarla brevemente. Todo empezó un primero de Mayo de 1984, cuando Belisario Betancur la esgrimió como arma intimidatoria y persecutoria contra el naciente narcoterrorismo que ejecutó su primer magnicidio en el malogrado Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de justicia. Continuó con Virgilio Barco y su guerra fracasada contra los “extraditables” al mando de Pablo escobar, que luego Cesar Gaviria y la Constituyente convierten en esa efímera tregua que proporcionó al país su prohibición constitucional, hasta llegar de nuevo a su renacimiento de la mano de Samper, convertido en rehén de las exigencias y presiones norteamericanas. En todos estos casos, la extradición en lugar de ser ese poderoso talismán que soluciona crisis de gobernabilidad, se ha convertido en el laberinto donde cada uno de los presidentes ha perdido todo asomo de autonomía y la nación un horizonte de paz, seguridad y justicia. Por ejemplo, hoy la extradición de los 14 comandantes paramilitares significa sustracción de verdad, justicia y dignidad nacional, a cambio de mejorar las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos.
Ahora es el presidente Uribe, con su talante de prestidigitador del poder, quien recurre a la extradición para sortear más que una transitoria crisis de gobernabilidad, una profunda crisis de legitimidad institucional, que requiere supuestas decisiones soberanas y audaces como la que ha tomado. Espera así acallar a sus críticos domésticos e internacionales que le recuerdan su estrecha alianza política con estos grupos de criminales de lesa humanidad y narcotraficantes de alta sociedad. Alianza que viene desde su época de Gobernador de Antioquia, cuando promovió en forma entusiasta las Convivir, donde inició su curso de comandante Salvatore Mancuso, para luego dar el salto con los Castaño a la fundación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Vanamente espera que se olvide su prontuario de “pacificador”, adelantado con la complicidad de oficiales como Rito Alejo del Río, cuando entre 1995 y 1997 se cometieron en Urabá 939 asesinatos, la mayoría de los cuales continúan impunes. A tal extremo llegó la violencia durante los primeros seis meses de la gobernación de Álvaro Uribe, que el entonces senador conservador Fabio Valencia Cossio denunció en la edición de “EL TIEMPO” del 30 de Agosto de 1995, página 6A, “el incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir.” Seguramente que esa no es “la verdad simple y oportuna” a la que se refiere el Señor Presidente en su alocución, justificando la extradición de los 14 paramilitares. Por eso ahora el Príncipe del Ubérrimo blande la extradición como el comodín del poder que le permitirá ganarle la partida a los tahúres del crimen y la política, que tan útiles le fueron en el pasado, pero ahora se tornan indeseables, peligrosos y hasta amenazantes. Es urgente y conveniente sacarlos del casino nacional, antes de que revelen todas las trampas y las cartas marcadas de sangre y ambición, con las cuales fácilmente ganaron elecciones y acrecentaron sus inversiones y latifundios. Así lo estaba revelando Mancuso, Jorge 40 y demás correligionarios ante los medios de comunicación, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, arrastrando con ellos a la cárcel lo más cercano, entrañable y familiar al Señor Presidente.
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